Dilema imposible para bancos holandeses: ¿Cuáles leyes van a obedecer, las holandesas o las estadounidenses?

Plus Ultra Holanda & U.E. | Derecho bancario penal | 30 de septiembre de 2026

En su escalada con los Estados Unidos de América («EE.UU.») sobre la Corte Internacional Penal («Corte») Holanda se encuentra en una situación desconocida para el país (véase nuestro artículo de 20 de julio de 2026). Una emisora estatal holandesa describe al Reglamento 2271/96 el («Reglamento de bloqueo» o «Reglamento antídoto») como un «remedio heroico» para su defensa de la corte. Pero, ¿es correcta esa descripción? ¿Un «remedio heroico» respecto a quién? El efecto y la eficacia de dicho remedio en Holanda son desconocidos.

La idea del Reglamento es obligar a las empresas europeas a no cumplir con las leyes estadounidenses relativas a las sanciones económicas. Si dicho incumplimiento les causa daños y perjuicios, en teoría podrían recibir una compensación. «En la práctica eso no es tan sencillo, dicen los expertos». Pero la emisora no da alguna explicación de los expertos. Solo dice que el Reglamento podría poner a las empresas en una situación insostenible, pues «¿cuáles leyes tienen que obedecer?» Según dicho Reglamento el cumplimiento de las leyes estadounidenses queda prohibido, pero su incumplimiento significa incurrir responsabilidad legal en EE.UU. Según la emisora, el Reglamento sería más que todo «un gesto político potente». Es importante tener en cuenta.

Para esta situación desconocida Holanda no tiene precedente. En el contexto de los problemas de la corte un abogado holandés propuso en 2025 que «en virtud de legislación europea Holanda podría garantizar compensación por reclamos contra bancos». Esta teoría de compensación parece suponer protección en Europa, pero no da protección a los intereses (sucursales y servicios) de los bancos holandeses y europeos en EE.UU. El efecto y la eficacia de dicha teoría en Holanda son desconocidos.

En otras partes del mundo ya se sabe que la legislación para proteger contra las sanciones económicas (Reglamento 2271/96) prácticamente no funciona, como se puede observar en el caso de Venezuela que trató de defenderse contra las medidas coercitivas europeas. Legislación europea para proteger contra la coerción económica (Reglamento 2023/2675), aparte de ser burocrática y lenta en aplicar, nunca se ha usado. Esto significa que hay muchos riesgos para los bancos holandeses con intereses en EE.UU.

Si Holanda se encuentra en territorio totalmente desconocido para el país, para EE.UU. es territorio muy conocido, incluso hasta con precedente que da concretos ofrece información e indicaciones concretas.

Dicho precedente nos lleva al año 2013. La Dirección de Impuestos y la Fiscalía de los EE.UU. lanzaron un programa especial de regularización fiscal para instituciones financieras suizas. Si éstas sospechaban que podrían haber cometido delitos fiscales, podían reportarse a dichas instancias estadounidenses para recibir amnistía y así prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. La ley suiza castigaba la infracción del secreto bancario como un delito penal. No obstante, 84 instituciones financieras suizas se reportaron para reciibir amnistía. En 2016 el programa ya le había generado al fisco más de USD 1,37 mil millones.

Todas esas instituciones financieras suizas tuvieron que escoger entre cumplir la ley suiza o la ley estadounidense, dos polos opuestos. El cumplimiento de la ley suiza relativa al secreto bancario significaba no compartir datos de clientes con la Dirección de Impuestos ni la Fiscalía estadounidense, violando así la ley estadounidense e incurriendo la responsabilidad legal correspondiente. El cumplimiento de la ley estadounidense significaba compartir datos de clientes, violando así la ley suiza e incurriendo la responsabilidad legal correspondiente. Los bancos dudaron poco en escoger.

Pues por un lado están las autoridades que toleran, no toman acción o simplemente cierran su oficina, como el tribunal disciplinario para bancos holandeses Stichting Tuchtrecht Banken. Por el otro lado están las autoridades que sí actúan. A veces las autoridades europeas toman acción, pero por lo general es lo suficientemente leve como para tomarlo en cuenta a la hora de cometer el delito.

Además, las instituciones financieras suizas fueron testigos directos de la persecución estadounidense de los megabancos suizos. En 2009 UBS pagó USD 780 millones en sanciones y tuvo que entregar datos de más de 4000 clientes a las autoridades estadounidenses en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. Varios banqueros fueron perseguidos, así como los estadounidenses con los que presuntamente evadieron impuestos.

En 2013 Wegelin & Co. («Wegelin») reconoció su culpabilidad y participación en la evasión de impuestos relativa a aproximadamente USD 1,5 mil millones. El banco había recibido con los brazos abiertos a los clientes de UBS que querían cambiar de banco luego que fue perseguido por la Fiscalía estadounidense. Wegelin fue condenado a pagar un total de aproximadamente USD 74 millones en sanciones. Varios banqueros fueron perseguidos. En los EE.UU. este fue el primer caso de enjuiciamiento criminal, reconocimiento de culpabilidad y condena de un banco extranjero. Wegelin no tenía sucursales en EE.UU. En 2013, después de reconocer su culpabilidad, el banco más viejo de Suiza llegó a su fin.

En 2014 Credit Suisse reconoció su culpabilidad y participación en la evasión de impuestos, pagando USD 2,6 mil millones en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. La Fiscalía anunció que llegó a un acuerdo con el banco, había imputado cargos a 8 banqueros y que 2 de ellos ya habían reconocido su culpabilidad. En 2026 hasta la Fiscalía holandesa pudo aprovechar de toda la información expuesta por la persecución estadounidense de Credit Suisse, imponiéndole una sanción de EUR 5 millones. 

Al final resulta que el secreto bancario suizo no era tan secreto para la Fiscalía estadounidense.

Recuerda que, según la emisora holandesa, el Reglamento sería «un gesto político potente». Pues esa es una distinción importante entre el precedente estadounidense y la situación actual de Holanda. La diferencia entre Holanda y la corte y Suiza y sus bancos era que en aquel tiempo la cooperación entre las autoridades estadounidenses y suizas relativa a los presuntos delitos fiscales era mejor. No fue una cuestión tan política — y por ende no tan problemática — como la escalada holandesa actual relativa a la corte. Holanda misma habla de usar el «remedio heroico» para jugar duro.

Duro le dieron a BNP Paribas («BNP») que en 2014 reconoció su culpabilidad relativa a las violaciones de la legislación estadounidense de sanciones económicas, pagando un monto total de aproximadamente USD 8,9 mil millones en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. El presidente francés habría pedido una rebaja a su homólogo estadounidense, pero sin resultado. Aunque el efecto de estas medidas de las autoridades estadounidenses se puede considerar duro, no viola la Constitución estadounidense.

Actualmente las sanciones pecuniarias no son de montos tan grandes, pero tampoco tan bajos, porque en 2025 Credit Suisse reconoció su culpabilidad relativa a delitos fiscales y pagó USD 510.608.909 en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. Entonces si la persecución de BNP no fue una cuestión política, se podrá imaginar cómo serán las medidas de las autoridades estadounidenses contra los bancos holandeses en la escalada holandesa sobre la corte que sí es una cuestión política.

Los 3 bancos más grandes de Holanda ya han tenido sus problemas con las autoridades en EE.UU. No fue nada insignificativo, pero luego se quedaron ellos y la prensa holandesa muy callados al respecto. En 2010 ABN Amro Bank pagó USD 500 millones por violar la legislación estadounidense relativa a las sanciones económicas y el lavado de dinero en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. En 2012 ING Bank pagó USD 619 millones — la sanción más severa por los delitos más severos hasta aquel momento — en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. por violar la legislación estadounidense de sanciones económicas. En 2018 Rabobank reconoció su culpabilidad relativa a las los delitos de lavado de dinero, pagando USD 368.701.259 en el marco de su acuerdo para prevenir enjuiciamiento penal en EE.UU. Un banquero de Rabobank fue perseguido con éxito.

Aquí no hablaremos de las medidas de las autoridades administrativas, que igualmente pueden ser considerables, como la sanción económica administrativa de USD 475 millones impuesta a Rabobank en 2013.

Desde mayo de 2025 vigilar el cumplimiento de la legislación de sanciones económicas estadounidense es una de las prioridades principales de la política de persecución penal de la Fiscalía estadounidense relativa a los delitos económicos-penales. Esto recibe mucha atención y muchos recursos económicos y humanos por su importancia.

¿Cómo funcionaría la compensación europea teorética aquí? ¿Verdaderamente compensaría Holanda u otro país europeo esos USD 8,9 mil millones a un banco francés? ¿Y qué tal si se trata de 84 instituciones financieras como en el caso suizo? ¿Es realista la compensación? ¿Y qué pasa si antes del pago de la compensación, la compensación se vuelve objeto de litigio? No mire a lo que prometen en teoría, pero lo que han hecho y hacen en realidad.

Aún si Holanda o Europa crearan una forma de compensación, tal compensación no eximiría a las instituciones financieras de las consecuencias de sus violaciones en los EE.UU. Esas consecuencias pueden tener sus implicaciones para las instituciones financieras en su propio país, tal como le pasó a Wegelin que no sobrevivió el año de su enjuiciamiento. La reincidencia es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal y dichos bancos holandeses ya han sido sancionados antes por el mismo tipo de delito relativo a las sanciones económicas. Asimismo, las instituciones financieras holandeses pueden perder sus autorizaciones para sus actividades bancarias, aseguradoras y bursátiles en EE.UU. por revocación de parte de los reguladores estadounidenses en virtud de enjuiciamiento o reconocimiento de culpabilidad penal. En EE.UU. esa sería su pena de muerte financiera.

¿Será que los bancos holandeses desean volver a tener problemas con las autoridades en EE.UU. por delitos relativos a las sanciones impuestas a la corte, pero esta vez en el contexto de la escalada política? ¿Para terminar con multas y hasta la pérdida de sus autorizaciones para sus actividades económicas?

Para Holanda y las empresas holandesas no solo se trata de dinero. No obstante, tarde o temprano se hará urgente a Holanda la pregunta si su inversión en la corte vale la pena en vista de su rendimiento y sus riesgos. Ley de protección de militares estadounidenses (American Servicemembers’ Protection Act) autoriza plenamente al presidente estadounidense a tomar todas las medidas necesarias. Eso significa que la duda y falta de claridad que existen en EE.UU. relativas a las acciones militares en el Mar Caribe contra supuestas nacrolanchas, no existen en el caso de la corte. Las medidas ya han quedado claras desde 2002 cuando se promulgó dicha ley.

Para las instituciones financieras sí se trata de dinero. Entonces el asunto se vuelve un análisis de costo-beneficio. Hablando de manera realista, ellos no van a sacrificar un mercado como EE.UU. de manera altruista y de paso arriesgar la responsabilidad legal de sus instituciones y administradores por una inversión de Holanda. Entonces no hay mucha duda a la hora de escoger qué ley van a cumplir. Además, no se trata tanto de la ley, porque todo país tiene sus leyes, pero se trata de hacerlas cumplir. Y si hay algo claro en Holanda y Europa, no es cumplir sino tolerar. ¿Entonces qué van a escoger los bancos: una unidad táctica especial bien armada con experiencia o un perro guardián sin dientes ni experiencia?

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