Plus Ultra Críptica Holanda | Derecho de activos digitales & insolvencia

La Fiscalía holandesa vendió los activos digitales que quedaron del proveedor de criptoservicios insolvente Knaken, según reporta el periódico regional de Róterdam del 14 de agosto de 2026. Con la venta la Fiscalía logró recaudar 2,2 millones de euros que van a ser usados para pagar a los acreedores de Knaken. Hasta el 17 de agosto de 2026 los acreedores han reclamado casi 8,5 millones de euros. Entonces lo más probable es que los clientes del proveedor van a recuperar muy poco — si acaso algo — de sus inversiones. El periódico también entrevistó al administrador de Knaken.

Según el síndico (liquidador o administrador concursal), así reporta el periódico, los clientes invirtieron entre 10 y 12 millones de euros a través del proveedor de criptoservicios en quiebra. Los afectados por su quiebra no solo incluyen los que invirtieron en activos digitales a través de Knaken, sino también los que le prestaron dinero y los que invirtieron en certificados de depósito de valores vendidos por el mismo. Consta en el informe de la administración concursal del 17 de agosto de 2026 que hasta esa fecha se han presentado 691 acreedores reclamando casi 8,5 millones de euros.

El síndico y la Fiscalía están investigando qué exactamente pasó con los fondos de los clientes de Knaken. Algunos clientes le explicaron al periódico que tenían su propia cuenta, cartera digital y caja fuerte digital para ahorros en la plataforma que podían consultar y usar en la aplicación de Knaken.

Según reporta el periódico, parece que Knaken en realidad no invirtió todos los fondos de inversiones de sus clientes en activos digitales. Parece haber una discrepancia — una deficiencia o falta de cobertura — significativa entre los fondos depositados e invertidos en activos digitales, por una parte, y, por otra parte, los fondos disponibles para desembolsar los fondos mencionados primero. La falta de cobertura se presenta cuando, tras recibir 14 millones de euros de inversiones en activos digitales de sus clientes, el proveedor reporta que apenas le quedan 7 millones de euros disponibles — una fracción, no la totalidad de las inversiones ni los intereses ni mucho menos las ganancias — para desembolsar inmediatamente si le tocara o se lo pidieran. La gran pregunta de todos en todo esto es: ¿Qué pasó con los otros 7 millones de euros que faltan? El síndico comenta que, aparte de incurrir muchas pérdidas, Knaken no segregaba los activos de sus clientes de sus propios activos.

En el procedimiento de insolvencia el tribunal constató un conflicto de interés en una transferencia de 2.316.982,64 euros de Knaken (supuestamente un préstamo) a otra sociedad limitada del mismo administrador. El administrador explica al periódico que esa otra sociedad fue constituida para hacer publicidad para Knaken y para segregar las tareas para evitar problemas con la autoridad administrativa. Le muestra al periódico documentos de la sociedad y extractos bancarios de varios años para demostrar que él personalmente no se enriqueció ilícitamente, lo que le consta al periódico. No obstante, cuando el síndico reclamó esa suma, la sociedad publicitaria negó tener esa deuda y negó tener los fondos para poder pagarla. Según sus estados financieros más recientes a finales de 2024 ya tenía fondos propios negativos de casi 1,2 millones de euros.

También constó en el procedimiento de insolvencia que Knaken sufrió un ataque cibernético en el año 2020 en el que le robaron 23 Bitcoins (monedas digitales). El administrador asevera que representa una pérdida de millones de euros, pero el periódico dice que, como el valor de esa moneda digital no era tan alto en aquella fecha, la pérdida ascendería apenas a 140.000, no millones de euros.

No obstante, durante todos esos años Knaken seguía vendiendo certificados de depósito de valores a sus clientes. Knaken no reportó, ni dejo un gerente reportar, sus problemas financieros a la autoridad administrativa competente, en aquel tiempo el Banco Central neerlandés.

Poco antes de la quiebra la Fiscalía incautó y a través del síndico vendió los activos digitales que todavía quedaban por 2,2 millones de euros. Si bien la Fiscalía dice que tuvo buenas justificaciones para la venta, no las ha dado a conocer. El periódico asevera que una justificación quizás podría encontrarse en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal holandés que según el periódico permite la venta de bienes incautados que pueden perder su valor. El síndico explica que el valor de los activos digitales es totalmente impredecible. Entonces, si no hubiesen vendido esos activos y éstos hubiesen perdido valor, el problema hubiera sido más grande. Por ahora los 2,2 millones de euros representan lo único que queda de Knaken tras su quiebra.

Las víctimas aún están en el proceso, pero probablemente tienen pocas esperanzas de recuperar sus inversiones. El síndico está investigando si Knaken y su administrador cumplieron con las normas. La Fiscalía está investigando con finalidad de esclarecer los hechos. El administrador de Knaken asegura que los que le compraron los certificados de depósito de valores «no han perdido necesariamente toda su inversión», porque esos son de otra sociedad no involucrada en la quiebra. Él todavía tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con los acreedores, a lo que responde el síndico, algo sínico, «falta ver si se da».

El periódico reporta que la gente pregunta qué pasó en aquellos tiempos con la vigilancia de la autoridad administrativa competente en Holanda, el Banco Central. Éste y el administrador confirman que en aquellos tiempos el Banco Central únicamente vigilaba el cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de activos y financiación de terrorismo. Del 2024 – 2025, durante la transición al régimen europeo para los criptoservicios en la Unión Europea, la Superintendencia Financiera (Autoriteit Financiële Markten) fue designada como la nueva autoridad administrativa competente en Holanda. Pero como Knaken tenía la autorización antigua para poder prestar sus criptoservicios en los años anteriores y canceló su solicitud de la nueva autorización europea durante el período transitorio, la Superintendencia Financiera no pudo intervenir en sus problemas por carecer de competencia.

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